sábado, 1 de noviembre de 2025

Estas cosas no pasaban antes

 


En el año 2006 (o 2007) un estudiante de la Universidad de Córdoba cuyo nombre me reservo, no por socavarle uno de los muchos méritos históricos que tiene sino porque no me siento autorizado para mencionarlo, se consiguió un aerosol negro y rayó la pared contigua al extinto Maracaná, en las cercanías de la Facultad de Ciencias Agrícolas. El mensaje era simple: + subsidios alimenticios.

No muy hábil en el manejo de la lata y con la premura de quien sabe que está haciendo algo que hace una década larga no se intentaba, el resultado fue un garabato irregular pero hermoso.

Preso de la cólera por ver profanada la blancura del campus -motivo de orgullo por entonces-­­ el rector ofreció una recompensa de cien mil pesos a quien delatara al autor del despropósito.

La recompensa intentaría cobrarla el mismo autor, en uno de los mayores actos de valentía, o locura, o las dos, que mis ojos con 16 años de uso habían visto hasta entonces.

Fue el principio de un nombre heroico, muchas veces intentado silenciar y nunca acallado.

La anécdota me viene a la memoria al ver en el ecosistema de nuestras redes sociales el resultado de un hecho que, categorizado como vandálico, ha producido el peor de los resultados posibles: un desconocido ha tomado un aerosol blanco y ha pintado con él los ojos de varios de los personajes que componen el mural de la artista Mónica Garzón en la calle 24 con avenida primera.

Cuando a uno lo quieren callar, se da cuenta rápidamente y decide qué valor estético asignarle al intento de silenciamiento y, en consecuencia, como actuar en adelante.

No me consta, pero estoy seguro de que el Compae Goyo supo entonces que la turba que soliviantada por un cura destruyó su Boga, lo estaba inmortalizando.

Así como los muchachos que durante 2021 vieron como los murales con los que elaboraban su indignación tanto tiempo reprimida en los desnudos muros del puente de la calle 29 con avenida circunvalar eran borrados con aceite quemado, supieron que lo que tenían que hacer era repintarlos tantas veces como fuera necesario. Esto sí me consta.

En 1974, la reconocida Marina Abramovic  se sentó durante 6 horas, inmóvil, y con 72 objetos delante, dentro de los que estaban un látigo, un libro, unos zapatos, vino, pan, un peine, uvas, clavos, azúcar, agua, un abrigo, un sombrero, una vela, cadenas, flores, alcohol, jabón, un hacha, una sierra, un plato, un vaso, pintura y un texto: “En la mesa hay 72 utensilios que pueden usarse sobre mí como se quiera. Yo soy el objeto”

Los vejámenes sufridos por Abramovic durante su perfomance la llevaron a concluir que, si dejas que el público decida, te puede matar.[1]

Hay un universo entero de distancia entre exponer el propio cuerpo a la interacción de un público sin restricción y utilizar como soporte de la obra propia espacios públicos, el fondo sin embargo es el mismo: la obra solo se completa con la interacción del público.

Aunque no se condone la acción anónima de intervenir un mural público, como se hizo en días recientes en nuestra ciudad, lo que no podemos pasar por alto es que lo público del arte público es que genere interacción, creación colectiva de sentidos, intervención más allá de la del propio artista e, inclusive, como acaba de ocurrir con el mural de Banksy en una corte londinense, la destrucción[2].

En la acción que nos ocupa yo no veo, en absoluto, un acto de vandalismo, como ha asegurado el alcalde Kerguelén desde sus redes sociales, tampoco veo, y esto lo digo con profundo respeto por la autora, un intento de silenciamiento hacia su persona como artista. Lo que sí hay es una crítica que, aunque se haya expresado a través de medios tan básicos, debe ser objeto de interpretación no solo por la autora, sino por los demás artistas de la ciudad.

Justo a la vuelta de la esquina, y haciendo uso de la misma subvención que pagó el mural de Mónica Garzón, un colectivo de la ciudad debió soportar que en el espacio de una hora dos cuadrillas de policías, compuestas por tres motos y dos agentes por moto, llegaran a pedirles que apagaran la música y cesaran el baile con el que acompañaban la ejecución del mural. Ellos tal vez no se quejaron del intento de silenciamiento porque son conscientes de que la naturaleza disruptiva de lo que hacen está indisolublemente ligada a la represión oficial, o su intención.

La naturaleza del arte público es ajena a la vigilancia y el cuidado de los museos o galerías cerradas. Un grafitero que pidiera permiso para ejecutar su obra la estaría despojando, a priori, del núcleo significante que la constituye.

Tres lecciones podemos sacar de este episodio:

La primera, que lo peor que pudo haber pasado es lo que ha terminado pasando, que el alcalde asumiera el reto oficial de perseguir a quienes han intervenido el mural de la artista Mónica Garzón[3] porque, oficial o paraoficial, la persecución siempre destruye el arte, incluso aquel al que se protege, porque lo empasta, lo petrifica y lo convierte en extensión propagandística del Estado.

La segunda, que el hecho de que haya generado intervención da cuenta del movimiento dialéctico connatural a toda obra de arte, cuyas expresiones, contenidos y manifestaciones no dependen en absoluto del artista una vez terminado el proceso de creación.

La tercera, que a nuestro universo artístico le hace una falta enorme la critica que completa todo ejercicio estético y que hace que este sea algo más que un soliloquio del artista o una conversación de uno con el mutismo del mundo natural. El mundo social está inevitable y constantemente en movimiento y el producto del trabajo estético no es la excepción.

Sea esta la oportunidad para pensarnos mecanismos más expeditos y colectivos para el abordaje crítico de nuestra propia experiencia estética.

 

 



[1] https://www.larazon.es/cultura/20210512/a643clkd6bba7gmd3h26hr3nqq.html

[2] https://elpais.com/cultura/2025-09-10/borrado-el-mural-de-banksy-en-el-que-un-juez-golpeaba-a-un-manifestante.html

[3] https://www.facebook.com/LaRazonCo/videos/monter%C3%ADa-el-alcalde-de-monter%C3%ADa-hugo-kerguel%C3%A9n-garc%C3%ADa-anunci%C3%B3-este-martes-que-ag/841628618212557/

domingo, 14 de septiembre de 2025

¿Neoliberalismo con rostro humano?

Una de las lecciones más importantes y más rápidamente aprendidas por el movimiento universitario nacional – y que ha orientado su accionar político, con históricos triunfos que sirven de ejemplo al movimiento social en general- es que los neoliberales ya no llaman “privatización” a las privatizaciones. En cambio, recurren a toda clase de eufemismos para ocultar el objetivo central de sus políticas: convertir cada aspecto de la vida individual y colectiva en un nicho para la reproducción del capital financiero.

Por ello no sorprende el discurso del profesor Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, quien hoy busca una segunda reelección con el respaldo del ministro Rojas Medellín y del presidente Gustavo Petro. De lograrla, completaría quince años dirigiendo los destinos del alma mater de los cordobeses.

El apoyo de Petro y Rojas Medellín a la reelección del rector Torres constituye una confirmación empírica de que, en lo relativo a la democracia universitaria – es decir, a la ponderación y el respeto por la participación activa de la comunidad universitaria en las decisiones clave del gobierno institucional-, no ha habido cambio alguno respecto de los gobiernos anteriores. Tampoco en lo que concierne al uso politiquero de los cargos de dirección universitaria.

Lo que podría parecer novedoso, aunque en realidad no lo es, es que esta política cuente con el beneplácito de un Consejo Superior que actúa en nombre de un gobierno que se define como “de izquierda” y afirma actuar en beneficio de los jóvenes más desfavorecidos.

Universidad en tu colegio: más cobertura sin financiamiento

Dos aspectos deberían llamar la atención del movimiento universitario por el impacto negativo que tendrán sobre la calidad de la educación que reciben los cordobeses y sobre las ya debilitadas finanzas universitarias.
El primero es el programa Universidad en Tu Colegio, una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional orientada a ampliar la cobertura. Según el rector Torres Oviedo, citado por La Razón.co (18 de julio de 2025), la Universidad de Córdoba ha sido seleccionada como aliada estratégica en el departamento para su implementación. El programa prioriza la periferia geográfica del departamento, y el rector ya ha señalado: “Aquí necesitamos que los alcaldes se metan la mano al bolsillo”.

Aunque el rector lo califica como visionario, lo cierto es que no hay una sola idea nueva en esta propuesta. Se inscribe en la política de ampliación de cobertura sin el correspondiente aumento de las bases presupuestales de las instituciones de educación superior (IES), política adoptada por todos los gobiernos nacionales, al menos desde Álvaro Uribe Vélez. Una estafa monumental que ya generó distorsiones como los programas técnicos ofrecidos en 2008 en instituciones sin la infraestructura mínima para garantizar procesos educativos de calidad, a través de la Oficina de Educación Semipresencial y a Distancia (ODESAD).

En su paso por la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro ensayó un piloto de educación superior integrada con la media, que incluía el denominado grado doce: un año adicional de escolaridad para obtener un títulos técnicos y tecnológicos. Si ese programa ya resultaba problemático, La Universidad en tu Colegio lo empeora al eliminar incluso ese año adicional, y propone entregar títulos como el de Técnico Profesional en Diseño Web al finalizar el grado once.

El nuevo problema es que se exige a las entidades territoriales del orden municipal concurrir a la financiación de esta trampa disfrazada de oportunidad para los jóvenes más desfavorecidos del departamento. Esta es otra de las clásicas estrategias mediante las cuales el Estado central evade su responsabilidad de financiar la educación superior. Ya lo intentaron Uribe, Santos y duque, y todos recibieron masivas manifestaciones de rechazo por parte del movimiento universitario.

La idea de un “colegio/universidad”, en la que los estudiantes cursen simultáneamente la educación media y la superior, es regresiva y empobrecedora. Atenta contra la calidad educativa en ambos niveles, especialmente en el nivel superior, al despojarlo de su esencia investigadora y creadora, que es vital para contribuir a la solución de los problemas nacionales.

El programa de Medicina: más cargas financieras para la Universidad

El segundo aspecto es la apertura del programa de Medicina, con una oferta inicial de cuarenta cupos. El rector Torres ha afirmado que dicho programa “se sostiene por un lado con matrículas y el resto son recursos de la universidad, indiscutiblemente”.
Aunque superficialmente podría parecer motivo de celebración que el alma mater de los cordobeses cumpla por fin el sueño de sus fundadores, lo que realmente ocurre es una validación de la vieja política de privatización: imponer más cagas misionales sin garantizar una financiación estatal adecuada. Esto se traduce en el uso creciente de los recursos propios para cubrir programas estratégicos, ante la negativa histórica de los gobiernos de modificar la Ley 30 de 1992 y establecer una fórmula presupuestal que responda al crecimiento de las necesidades universitarias y al fortalecimiento del sistema público.

Según un estudio publicado por la Revista Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario (2018), el costo total de formar un médico en una universidad pública de Colombia -durante doce semestres- asciende a USD$54.962 de 2016. Con una tasa de cambio de $3.051 COP/USD, eso representa aproximadamente $219.857.000 COP actuales, considerando inflación y devaluación.

Sin incluir subsidios estatales, el costo directo por estudiante fue de USD$22.632 en 2016, que hoy equivalen a unos $118.832.307 COP.

Entonces, la pregunta obligada es:

¿Cuánto le costará a la Universidad de Córdoba este programa de Medicina, considerando que su financiamiento recae sobre los recursos propios, que equivalen apenas al 12,42% del presupuesto total?

Presupuesto total: $307.132.062.634
Recursos propios: $38.134.508.033

¿Qué se dejará de financiar para sostener el programa de Medicina? 
¿Qué otros programas o proyectos misionales se verán comprometidos?

Privatización sin eufemismos

El programa de Medicina será, desde su inicio, un programa privatizado. Su sostenibilidad dependerá de mecanismos tradicionales de obtención de recursos propios que, más allá de la venta de servicios, incluyen el constante aumento de los valores pecuniarios que deben asumir los estudiantes. Esto impactará negativamente no solo en la calidad de ese programa, sino en la del conjunto de la institución.

Privatización es privatización, por más rimbombante que sea el discurso populista con el que se intente encubrirla. Esta política persigue -como siempre- adaptar el sistema universitario nacional a las exigencias del capital financiero internacional y a la condición neocolonial del país: una educación pobre para pobres, destinada a perpetuar la desigualdad, en lugar de convertirse en motor del desarrollo nacional.

domingo, 2 de febrero de 2025

ZER: Kerguelén nos saca más de 100 mil millones de los bolsillos y los regala a una multinacional

Ha sido anunciado con bombos y platillos que el 15 de febrero entrarán en operación las Zonas de Estacionamiento Regulado – ZER en el centro y algunas áreas del norte de la ciudad.

El alcalde Hugo Kerguelén ha salido en redes sociales a explicar las bondades de pagar por parquear en las calles de nuestra ciudad, entre otras cosas, porque esto permite “que se genere una dinámica más organizada del flujo vehicular en ese sector de la ciudad y beneficia al comercio” (Kerguelén, citado por Jairo Alonso Pérez, RCN Radio, enero 22 de 2025).

Lo que ha pasado por alto el alcalde ha sido explicar el jugoso negocio que le está montando al capital privado con activos y dinero público. Veamos:

La operación es simple: La alcaldía pone los activos en la forma de calles, demarcación con pintura, señalización vertical y parquímetros electrónicos, enseguida, entrega la operación a una empresa privada que contratará unos cuantos trabajadores, se compromete a darle mantenimiento al sistema (parquímetros y señalización, no a las calles) y organiza el cobro por el parqueo en la calle, $4700 por hora a los vehículos y $1500 a las motocicletas. Por esto se queda con un porcentaje que ronda el 70% de todos los ingresos generados por la operación. Una maravilla de la administración neoliberal.

La empresa en cuestión se llama NUESTRO ESPACIO MONTERÍA SAS, y no existió sino hasta el 14 de julio de 2023, fecha en que un ciudadano de nombre MARCO ANTONIO HINOJOSA HINOJOSA la registró en la Cámara de Comercio de Bogotá con el NIT 901733405-3 y matrícula mercantil Número 03705340.

El hecho de que la empresa sea tan reciente no es el dato más interesante pues, esta solo tiene dos socios que fungen como representantes legales principal y suplente de la misma, el citado Marco Antonio Hinojosa Hinojosa, principal, e Iván Mauricio Ramírez Preciado, suplente, quienes reportaron un capital autorizado de $500.000.000 (quinientos millones de pesos) pero solo un capital pagado de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

La microempresa, así está registrada, tiene como domicilio principal la Carrera 19B #84-17 Oficina 704 en la ciudad de Bogotá, misma dirección que aparece como domicilio principal del Grupo Cal y Mayor, una multinacional de los servicios ingenieriles en el campo del transporte con sede y negocios en México, Panamá, Perú, El Salvador y Estados Unidos y de la que Hinojosa Hinojosa aparece como director general para Suramérica.

Lo escandaloso del regalo que Kerguelén hace a Hinojosa Hinojosa y a la multinacional que representa queda claro solo con entender que es un negocio multimillonario en que ellos no invierten un solo centavo y perciben la mayor parte de los ingresos, en una jugada clásica de realización de capitales que ha sido descrita ya por muchos estudiosos del tema.

Además, un cálculo simple nos da una idea de lo jugoso del negocio:

3692 plazas de parqueo, proyectando una ocupación total de seis horas diarias como media y promediando lo que pagan las motocicletas con lo que pagan los automóviles nos da la bicoca de más de ciento treinta y siete millones de pesos diarios ($137.052.400) y más de seiscientos ochenta y cinco millones de pesos semanales ($685.262.000) siga usted, apreciado lector, haciendo los cálculos de un negocio que se ha pactado a doce años.

Y los costos operacionales son para reírse más, suponiendo una nómina de 60 trabajadores, píldora que han dorado con el cuento de que serán “trapitos rojos” y madres cabeza de hogar, devengando el mínimo mensualmente, tenemos un total de $97.410.000 mensuales, una ridiculez, sobre todo si tenemos en cuenta que NUESTRO ESPACIO MONTERÍA SAS duplicará su capital el primer día de operación del sistema y de ahí en adelante no hará sino ganar y ganar.

Además, resulta evidente el afán del alcalde Kerguelén por montar semejante negocio pues las ZER en Montería son desde todo punto de vista desproporcionadas; comparadas con Bogotá, donde circulan más de dos millones de vehículos y se habían habilitado 8000 cupos de parqueo pago en vía pública para 2024 (El Espectador, 20 de enero de 2024), Montería con casi 180000 vehículos (Gsnoticias.com, 28 de noviembre de 2022) ha habilitado casi 4000 zonas de paqueo ¡la mitad de las que tiene Bogotá!

Con el cuento de la organización del centro, Hugo Kerguelén nos mete la mano al bolsillo a los monterianos para ensanchar las arcas de una multinacional.

sábado, 18 de enero de 2025

SETP: Un sistema que se hizo viejo antes de estrenarse

 En febrero se cumplirán 15 años de la primera versión conocida del Documento Conpes 3638 sobre el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para el municipio de Montería, una efeméride digna de celebrarse y que otorga una oportunidad única para hablar de movilidad urbana y transporte público en el Valle del Sinú.

Una mirada a las cifras que se aportan en el documento valida la preocupación que da título a esta columna, veamos:

Los SETP son creados por la norma como soluciones de movilidad para ciudades de entre 250 mil y 500 mil habitantes. Para ciudades de más de 500 mil habitantes se han establecido Sistemas Integrados de Transporte Público – SITP basados en el polémico sistema BRT, buses de tránsito rápido por sus siglas en inglés, y que se caracterizan por carriles exclusivos, prioridad semafórica, cobro fuera de los buses, estaciones mejoradas y algunos elementos más.

El SETP que se proyecta en el Conpes 3638 es para una ciudad de 403.280 habitantes, con 84.530 viviendas y un porcentaje de población rural del 23,59%[1] una Montería que por supuesto ya no existe pues, según las proyecciones demográficas del DANE, nuestra ciudad tenía en 2023 523.150 habitantes[2], mientras que según el Censo Poblacional de 2018, la población rural ascendía al 18,1% del total y las unidades de vivienda llegaban a 133.604,[3] diferencias significativas que, por supuesto, tienen profundas implicaciones en la movilidad urbana.

Otro dato de mucha relevancia es el de la participación del mototaxismo como opción para la movilidad urbana en la ciudad, el cual, según datos del Conpes 3638, correspondía a un 7,9% de un total de 430.000 viajes diarios.

¿Qué impacto tiene la variación de estos índices en la movilidad urbana y, por consiguiente, en las necesidades ciudadanas de transporte público masivo?

El sector del transporte público de pasajeros en Montería tiene un factor de presión significativa en el mototaxismo, el cual se encuentra vinculado por sus causas al desmantelamiento del aparato productivo de la ciudad.

Montería, otrora capital ganadera de Colombia, ha sufrido una serie de presiones desde organismos como el Banco Mundial – a través del programa Ciudades Amables- para “reinventarse” como una plataforma urbana para la venta de servicios y un destino turístico.  

El fracaso de este modelo de ciudad es evidente si tenemos en cuenta que hoy el principal empleador en Montería es la propia administración pública, seguida de sectores con altísimos índices de informalidad como son las actividades artísticas y de entretenimiento, y por el sector del comercio, que vive picos de vinculación laboral en la temporada de fiestas decembrinas –vinculación informal y de baja remuneración- para luego normalizarse a la  baja en el mes de febrero.[4]

También es evidente en el aumento del mototaxismo, no solo como opción laboral para miles de monterianos sino como método de transporte urbano.

La ausencia de cifras por el fracaso de varios intentos de censar a la población dedicada al mototaxismo no obsta para que demos cuenta del aumento de este fenómeno que, además de sus causales socioeconómicas, ha recibido un enorme empujón por la quiebra de Metrosinú y Monteriana Móvil, manifestada en la drástica reducción de los buses que circulan por nuestra ciudad y el aumento sostenido del valor del pasaje que en 2025 llega a $3.300 más alto que en Bogotá, Cali, Ibagué, Pereira, Cartagena, Santa Marta, Armenia, Manizales y Pasto, por solo mencionar algunas ciudades.

Hoy tenemos un sistema de transporte público completamente destruido, con un costo elevadísimo que lo hace casi un lujo para unos cuantos y un Sistema Estratégico de Transporte Público que se anuncia y se anuncia y no se pone en movimiento.

El aumento del mototaxismo, el fracaso en la implementación del SETP y la quiebra de los operadores privados que venían prestando el servicio de transporte público en la ciudad son el coro que canta el fracaso de los últimos gobiernos conservadores, desde Marcos Daniel Pineda, hasta Hugo Kerguelén, en el manejo de la movilidad urbana en el valle del Sinú.

Desde el pesero que nos movió hasta la década de los noventa, Montería ha sido siempre una ciudad vertebrada pos sistemas públicos de transporte, cada cual con mayor grado de formalidad e integración que el anterior.

Hoy, los pocos buses que ruedan van a un pequeñísimo sector de la ciudad a elevadísimos costos y moviendo cada vez más pocas personas, si nos basamos en las cifras que motivaron la formulación del SETP, me temo que cuando se estrene –si es que algún día termina por estrenarse- ya será un sistema viejo para una ciudad cuyas necesidades de movilidad lo han rebasado.

 



[1] Consejo Nacional de Política Económica y Social (2008) Documento Conpes 3638, Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para el municipio de Montería. Disponible en: https://mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=56503

[2] https://telencuestas.com/censos-de-poblacion/colombia/2023/cordoba/monteria

[3] https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/perfiles/23001_infografia.pdf

[4] https://larazon.co/monteria/alcalde-kerguelen-celebra-disminucion-a-un-digito-de-la-tasa-de-desempleo-tras-seis-anos/

domingo, 17 de noviembre de 2024

Arte urbano y árboles de metal


Indudablemente una de las formas en que las élites expresan su dominio material y espiritual sobre las ciudades es a través de monumentos y obras de arte urbano. No es casualidad que, cuando los regímenes fenecen o se enfrentan al juicio de la historia, las primeras en desaparecer sean precisamente las estatuas que honran a los líderes y los monumentos que recuerdan sus gestas heroicas.

Quienes tengan treinta años o más recordarán la caída de la estatua de Sadam Hussein en Bagdad, que marcó el fin de la Segunda Guerra del Golfo o la bandera de la hoz y el martillo siendo arriada en el Kremlin el 25 de diciembre de 1991, poniendo fin a la historia de esa superpotencia euroasiática.

En Montería no hemos tenido una particularmente rica historia de monumentos y arte urbano y sí que tenemos ejemplos de atentados contra este tipo de apropiaciones del espacio público por parte de artistas y ciudadanos. La historia del Boga del Compae Goyo, destruida a martillazos por los oscurantistas prejuicios de un cura, es emblemática, al igual que el cóndor sobre un globo terráqueo del maestro Arenas Betancourt, que por alguna razón acumuló polvo en algún traspatio de la ciudad.

Recientemente, la polémica no se debe al tratamiento delincuencial dado a invaluables obras de arte, sino al pobre criterio estético en la elección de objetos que ocupan nuestro espacio público. Los objetos destinados a convertirse en monumentos urbanos, apreciados y valorados por los habitantes de una ciudad, pueden ser evaluados por dos o tres criterios específicos:

El primero de ellos es -a veces lastimosamente- el que sea apreciado por la ciudadanía en general. Los ejemplos del Boga del Compae Goyo y el Condor de Arenas Betancourt son emblemáticos de obras de arte que no pasan este primer criterio.

En segundo lugar, se encuentra el origen de la obra de arte. Artistas más apreciados y respetados por los ciudadanos o colecciones pertenecientes a ciudadanos o familias más queridas por la ciudadanía tienen mayores oportunidades de ocupar privilegiados sitiales en la apreciación ciudadana del espacio público. Los murales de la Asamblea Departamental y el Banco de la República son ejemplos de arte más o menos valorado por este criterio.

En tercer lugar, están aquellas piezas de arte monumental que recogen particulares sentires populares o son producto de procesos democráticos o masivos. Nadie objeta que don Elías Bechara Zainúm merezca un busto o que la lancha Damasco pueda representar con honor la pasada gloria de la navegabilidad del Sinú.

El asunto, sin embargo, no debe ser objeto de tratamiento discrecional por parte de un alcalde o una administración, ya que se trata del particularmente sensible asunto del espacio público, que para tener ese carácter debe permitirle a toda la ciudadanía construir sentidos y significados en cada calle, plaza o esquina.

El ejemplo del árbol de metal que reemplazó al mango de la glorieta en la intersección de la carrera quinta con avenida circunvalar y calles 20 y 21 en la subida del puente metálico, debe llamarnos a la reflexión a todos aquellos que participamos de una u otra manera en la construcción de un circuito cultural y artístico para Montería.

Sin mucho esfuerzo puede pensarse en varios nombres que habrían logrado intervenciones exitosas de ese espacio, con los aducidos requerimientos de movilidad, salvando el árbol de mango y generando mejores sinergias entre el conjunto y el espacio circundante. Solo habría sido cuestión de convocar.

Más allá de la valoración del argumento técnico, lo que hay aquí es la evidencia de que Montería necesita una política pública para el arte urbano y monumental, que le permita a los artistas y gestores culturales de la ciudad pensarse el espacio público en función de intervenciones estéticas que le den otra significación al espacio. Ya está bueno de vacas y árboles metálicos.

domingo, 26 de marzo de 2023

Mucha policía, poca diversión.


Cuando el letrero que decía “usted está saliendo de Montería, vuelva pronto” estaba ubicado frente a la planta de Postobón, un letrero más pequeño enviaba al transeúnte un tímido mensaje que hoy vale la pena traer a colación:

“La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia”

Un mensajito de credencial que hoy, ante el anuncio de creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana, vale la pena hacerle llegar al alcalde Ordosgoitia.

¿A qué se debe este repentino énfasis en la seguridad, en un gobierno en el que en varias ocasiones hemos sido confinados por “paros armados” que son la demostración palmaria de la incapacidad institucional al respecto?

¿Acaso se pretende cubrir el desprestigio resultante de una administración mediocre con la siempre confiable carta de la seguridad?

¿De qué manera generará impacto alguno en los asuntos de seguridad de la ciudad, una nueva dependencia que, en palabras del propio alcalde “…no demandará gastos adicionales para la administración porque los programas que tenemos de seguridad, que hoy se encuentran adscritos a la Secretaría de Gobierno, pasarían a la nueva dependencia[i]”?

¿Acaso ser la ciudad “más segura del Caribe y una de las mejores a nivel nacional en cuanto a este tema…” no debería ser una validación de que las cosas se han estado haciendo adecuadamente?

Entrados ya en gastos, sería adecuado que abordáramos de manera más holística el tema de la seguridad ciudadana y, sobre todo, ya que parece existir la voluntad política para reestructurar algunas secretarías, mirar qué asuntos requieren de verdad que se abra una nueva dependencia.

La seguridad ciudadana, conviene recordarlo, como categoría de análisis de lo público se enriquece de la percepción ciudadana, es decir, de la manera en que quienes habitamos el espacio público, lo hacemos; y esta percepción tiene muchísimo que ver con la creación de espacios públicos en sí mismos, es decir, con la generación de significados alrededor de porciones del territorio urbano en que la pluralidad subyacente a la noción de ciudadanía, se exprese como posibilidad de encuentro pacífico y seguro.

En consonancia con esto, a nivel urbano, es preciso que la Alcaldía de Montería genere contenido, a través de la consolidación de políticas públicas pensadas con criterios de sostenibilidad, que le permitan a la ciudadanía tomarse, calles, parques y plazas, que de otra manera no son más que espacios sin mayor significación para quienes los habitamos.

No basta con construir un skate-park, sino hay una política pública que fomente, forme, genere competencias y promueva el skate como deporte.

No basta con construir sendos teatrinos a través de la ciudad sino existe el más mínimo interés por convocar a artistas de todo tipo para el enriquecimiento permanente de esos espacios.

Políticas públicas para la cultura, el arte, el deporte formativo y competitivo, el patrimonio cultural y el emprendimiento, que, al generar encuentros permanentes y apropiación de espacios por parte de la ciudadanía, minimizan la aparición de lugares vacíos en torno a los cuales la delincuencia, el microtráfico y demás flagelos que afectan la seguridad y la percepción ciudadana al respecto, puedan reproducirse.

Conviene recordarle al señor alcalde que, así como la ciudad más limpia no es la que más se barre sino la que menos se ensucia, la seguridad y la percepción de la ciudadanía al respecto no mejoran automáticamente al convertir las ciudades en panópticos; y que, en el siglo XXI, la seguridad va de la mano de la cultura ciudadana, y esta, requiere del esfuerzo decidido de la administración pública para convocar y proyectar esfuerzos públicos y privados.

Mucha policía, poca diversión, un error[ii].



[ii] Fragmento de “mucha policía, poca diversión” de la banda de Punk Eskorbuto.

domingo, 19 de marzo de 2023

El caos como legado.

 A siete meses de que se elijan nuevos mandatarios locales, resulta pertinente y necesario, hilvanar una valoración de la conducción de Montería durante el último periodo de gobierno, que nos permita entender no solamente cómo llegamos al lugar en el que hoy estamos, en muchos sentidos caótico, sino qué debemos hacer para corregir el rumbo, evitando profundizar las problemáticas creadas por una gestión personalista y sin más ambiciones que las que mueven a los politiqueros de todos los pelambres.

El actual alcalde de la ciudad llegó a su cargo, conviene recordarlo, más que como resultado de la construcción y presentación de una propuesta política sistémica para la ciudad, por la ruptura de la casa conservadora que la ha gobernado desde los últimos dieciséis años; su estrategia electoral, como la de todos los populistas, se basó en promesas imposibles de cumplir y shows mediáticos para generar una falsa identificación con las necesidades de la ciudadanía, como lo de ser arenero por un día o andar en mototaxi.

Esto último, lo de andar en mototaxi y los compromisos imposibles de cumplir que el entonces candidato se hizo con ese numeroso y constantemente creciente sector social, aunado a una más que evidente falta de capacidad administrativa y de gestión, constituyen el eje central del principal de los legados que Carlos Ordosgoitia dejará a los monterianos el 31 de diciembre de 2023: el caos.

Con la excusa de la pandemia y ante la incapacidad para cumplir las promesas hechas a los mototaxis, se levantaron las restricciones de movilidad con que se venía enfrentando el crecimiento del mototaxismo y ese levantamiento se sostuvo después de finalizado el confinamiento.

La propia pandemia, además, contribuyó al aceleramiento de la inevitable quiebra de los operadores privados del transporte público de la ciudad, cuya causa primera reside en la incapacidad administrativa y política de la administración municipal.  

El retroceso de más de veinte años, en lo que a movilidad urbana se refiere, es resultado lógico de estas laxitudes, los aumentos desmesurados de las tarifas que pagamos los usuarios, el hecho de que aproximadamente la mitad de la flota de buses y busetas se encuentre guardada, el deterioro sin remedio de la misma, el consiguiente aumento de los tiempos de espera y la disminución de la frecuencia en las rutas, lo que nos pone hoy en una situación doblemente riesgosa.

Ha aumentado considerablemente el mototaxismo como opción de transporte urbano, al igual que el recurso al automóvil personal o familiar, lo que en los puntos neurálgicos de la ciudad se traduce en enormes trancones, completamente ajenos a nuestra realidad urbana y por supuesto, en contravía del desarrollo del urbanismo a nivel mundial.

Las soluciones óptimas al caos de movilidad resultante, tales como el tercer puente, el SETP, Bisinú y Businú, se encuentran hoy envueltas en problemas contractuales, retrasos y olvido.

Ante tal panorama, la ciudadanía debe presionar el posicionamiento del problema de movilidad como tema central en la próxima campaña electoral, exigiendo soluciones viables y de fondo a un asunto cuyas consecuencias perniciosas van más allá del crecimiento del mototaxismo, la quiebra de los operadores y el aumento de los trancones, sino que se sienten de igual manera en el ritmo de vida de la ciudad, la utilización de los espacios urbanos y la apropiación de los lugares por parte de los ciudadanos.

Corregir el rumbo, es una necesidad imperiosa pues un sistema de transporte publico eficiente, ambientalmente responsable, abarcador y que pueda ampliarse al ritmo al que la ciudad va a seguir creciendo, como punta de lanza de una política pública de movilidad urbana contemporánea y responsable, constituyen la columna vertebral de una ciudad para los ciudadanos, no para los automotores.

Estas cosas no pasaban antes

  En el año 2006 (o 2007) un estudiante de la Universidad de Córdoba cuyo nombre me reservo, no por socavarle uno de los muchos méritos hi...