El caos como legado.

 A siete meses de que se elijan nuevos mandatarios locales, resulta pertinente y necesario, hilvanar una valoración de la conducción de Montería durante el último periodo de gobierno, que nos permita entender no solamente cómo llegamos al lugar en el que hoy estamos, en muchos sentidos caótico, sino qué debemos hacer para corregir el rumbo, evitando profundizar las problemáticas creadas por una gestión personalista y sin más ambiciones que las que mueven a los politiqueros de todos los pelambres.

El actual alcalde de la ciudad llegó a su cargo, conviene recordarlo, más que como resultado de la construcción y presentación de una propuesta política sistémica para la ciudad, por la ruptura de la casa conservadora que la ha gobernado desde los últimos dieciséis años; su estrategia electoral, como la de todos los populistas, se basó en promesas imposibles de cumplir y shows mediáticos para generar una falsa identificación con las necesidades de la ciudadanía, como lo de ser arenero por un día o andar en mototaxi.

Esto último, lo de andar en mototaxi y los compromisos imposibles de cumplir que el entonces candidato se hizo con ese numeroso y constantemente creciente sector social, aunado a una más que evidente falta de capacidad administrativa y de gestión, constituyen el eje central del principal de los legados que Carlos Ordosgoitia dejará a los monterianos el 31 de diciembre de 2023: el caos.

Con la excusa de la pandemia y ante la incapacidad para cumplir las promesas hechas a los mototaxis, se levantaron las restricciones de movilidad con que se venía enfrentando el crecimiento del mototaxismo y ese levantamiento se sostuvo después de finalizado el confinamiento.

La propia pandemia, además, contribuyó al aceleramiento de la inevitable quiebra de los operadores privados del transporte público de la ciudad, cuya causa primera reside en la incapacidad administrativa y política de la administración municipal.  

El retroceso de más de veinte años, en lo que a movilidad urbana se refiere, es resultado lógico de estas laxitudes, los aumentos desmesurados de las tarifas que pagamos los usuarios, el hecho de que aproximadamente la mitad de la flota de buses y busetas se encuentre guardada, el deterioro sin remedio de la misma, el consiguiente aumento de los tiempos de espera y la disminución de la frecuencia en las rutas, lo que nos pone hoy en una situación doblemente riesgosa.

Ha aumentado considerablemente el mototaxismo como opción de transporte urbano, al igual que el recurso al automóvil personal o familiar, lo que en los puntos neurálgicos de la ciudad se traduce en enormes trancones, completamente ajenos a nuestra realidad urbana y por supuesto, en contravía del desarrollo del urbanismo a nivel mundial.

Las soluciones óptimas al caos de movilidad resultante, tales como el tercer puente, el SETP, Bisinú y Businú, se encuentran hoy envueltas en problemas contractuales, retrasos y olvido.

Ante tal panorama, la ciudadanía debe presionar el posicionamiento del problema de movilidad como tema central en la próxima campaña electoral, exigiendo soluciones viables y de fondo a un asunto cuyas consecuencias perniciosas van más allá del crecimiento del mototaxismo, la quiebra de los operadores y el aumento de los trancones, sino que se sienten de igual manera en el ritmo de vida de la ciudad, la utilización de los espacios urbanos y la apropiación de los lugares por parte de los ciudadanos.

Corregir el rumbo, es una necesidad imperiosa pues un sistema de transporte publico eficiente, ambientalmente responsable, abarcador y que pueda ampliarse al ritmo al que la ciudad va a seguir creciendo, como punta de lanza de una política pública de movilidad urbana contemporánea y responsable, constituyen la columna vertebral de una ciudad para los ciudadanos, no para los automotores.